El próximo miércoles, día 21 de marzo,  el Congreso de los Diputados- en su comisión de Educación y Deporte-,  va a votar una PNL (Proposición No de Ley) a propuesta del PSOE en relación al tema del seguro obligatorio del deportista. Una normativa, Real Decreto Real Decreto 849/1993, cuya disposición final primera fija una primera actualización de las cuantías indemnizatorias en un plazo de tres años. Esto es, en el año 1996, y que nunca ha tenido lugar.

 

Lo que ha conllevado, además, de mostrar una total falta de sensibilidad por los deportistas federados con graves lesiones, muchas irrecuperables, incluso con resultado de muerte; darnos de bruce con unas indemnizaciones que no permiten atender, con una mínima dignidad, los efectos con consecuencias patrimoniales y de otro tipo que tienen lugar en el ejercicio de la práctica, en este caso, en la propia persona del deportista, dentro del contexto del riesgo de la práctica del deporte. La Constitución Española, ya menciona en su artículo 43.3 la vinculación clara entre la salud y la educación física; la propia Ley del Deporte de 1990, de 15 de octubre, señala, efectivamente, en su artículo 59 que todos los deportistas federados deben tener un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

 

A pesar del tiempo trascurrido desde el año 1993 nunca se ha procedido, hasta la fecha, a la revisión de las citadas cuantías o su adaptación a las distintas modalidades deportivas, de tal forma que ha quedado prácticamente desvirtuado el sentido que deben de tener este tipos de seguros, y más en lo que denominamos el deporte federado. Lo que hay que lamentar y más cuando siempre se habla de la correspondencia entre deporte y salud. De ahí que esa Proposición No de Ley, que se votará el próximo día 21 de marzo,  incida en cuestiones, entre otras,  tales como:

 

1.- Adaptar a las distintas modalidades deportivas y actualizar las cuantías indemnizatorias del Seguro Obligatorio Deportivo para equipararnos al resto de países de la Unión Europea en cuanto a baremos en materia de seguros obligatorios y tomando como referencia la previsión de estudios y riesgos recogida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

 

Pues bien, como este tema ha sido y está siendo demandado por la sociedad, en general, a través de su sociedad civil. Algunas de esas organizaciones, caso del CERMI, por indicación de algún deportista federado, con graves secuelas físicas. Lo denunció al Defensor del Pueblo, que en su informe anual de 2017, lo ha recogido y valorado la propuesta del CERMI, de ese urgente cambio, en relación a actualización de esas cuantías indemnizatorias. Se recoge la situación de injusticia de estos deportistas federados que adquieren una incapacidad permanente, y que resultan afectos a un sistema insuficiente de la cobertura aseguradora, limitada ante la inacción de la administración pública competente – en este caso el Consejo Superior de Deportes - . El referido informe alude a la obsolescencia del cuadro indemnizatorio del referido Real Decreto. Solicitando al CSD de forma urgente que proceda.

 

Lo extraño de todo ello, es que un tema tan capital para el deportista federado como es la salud se siga encontrando en una situación que raya la desidia, y más, si tenemos en cuenta la comparativa entre el resto de países de nuestro entorno.

 

María José López González, Abogada

 

(Artículo publicado en iusport.com El otro lado del deporte)